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La reforma agraria fue, ante todo, una respuesta a las demandas que hicieron los representantes de los pueblos para la restitución de sus tierras y aguas comunales ancestrales. La restitución de tierras hunde sus raíces en la época colonial, cuando los apoderados legales de los pueblos llevaban ante los tribunales a quienes hubieran invadido o se hubieran apoderado de sus tierras y aguas. Con la Independencia y el cierre del Juzgado de Indios, el Poder Judicial se hizo cargo de todos los juicios de restitución. Sin embargo, durante la Revolución, con el Poder Judicial paralizado por sus vínculos con el antiguo régimen y la guerra civil, los dos principales programas de reforma agraria, aquellos implementados por Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, optaron por encomendar esta tarea al poder ejecutivo y así dieron forma a un nuevo orden político con el apoyo de los pueblos. En ‘Cuestión de Justicia’, Helga Baitenmann ofrece el primer relato detallado de los programas de reforma agraria zapatista y carrancista tal como fueron implementados en la práctica a nivel local y luego reconfigurados en respuesta a conflictos imprevistos entre los pueblos y dentro de los mismos, poniendo énfasis en el modo como el ejecutivo se apropió de funciones previamente reservadas al poder judicial.
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